Proveer electricidad a una comunidad ya no es suficiente. El nuevo reto que enfrenta América Latina y el Caribe consiste en convertir el acceso energético en empleo, productividad y desarrollo económico local.
Con este enfoque, la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) participó en el Intercambio de Conocimientos sobre Usos Productivos de la Energía en América Latina, evento organizado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), con el apoyo de Practical Action y la Global Energy Alliance for People and Planet (GEA).
Durante el evento, Gloria Alvarenga, directora de Integración, Acceso y Seguridad Energética de OLACDE, expuso cómo fortalecer la cooperación entre países para transformar la electrificación rural en un motor para el desarrollo productivo, la inclusión social y la resiliencia económica.
El foro reunió a representantes gubernamentales, organismos internacionales y expertos de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, quienes discutieron políticas públicas, modelos financieros, esquemas de gobernanza comunitaria y soluciones tecnológicas orientadas a fomentar el uso productivo de energías renovables en comunidades rurales y remotas.
Una agenda que va más allá de la electrificación.
Este encuentro se basa en una realidad regional clara. A pesar de que América Latina y el Caribe cuenta con más del 97.6% de cobertura eléctrica actualmente, millones que residen en áreas como la Amazonía, los Andes y otras zonas rurales aún sufren un suministro insuficiente para estimular actividades económicas sostenibles.
Los organizadores coincidieron en que el concepto de Usos Productivos de la Energía (PUE) marca una nueva fase en la transición energética: utilizar electricidad para generar ingresos, agregar valor a productos agrícolas, fortalecer pequeñas empresas rurales y dinamizar economías locales.
Gloria Alvarenga alertó que entre 16 y 17 millones de personas todavía carecen del acceso a electricidad; esta situación se concentra principalmente en comunidades rurales e indígenas. Desde 2015, el avance hacia mayor electrificación ha perdido impulso. En regiones como la Amazonía, conectar un hogar mediante redes tradicionales puede costar hasta USD 20,000. por ello es esencial adoptar nuevas soluciones tecnológicas. Solo para modernizar la transmisión, la región necesita entre USD 6.000 y 8.000 millones anuales hasta 2030, pero en 2022 solo se asignaron USD 3.300 millones.
Para OLACDE, este intercambio refuerza una prioridad estratégica esencial: asegurar que la transición energética no sólo expanda el acceso eléctrico, sino también genere nuevas oportunidades para un desarrollo económico sostenible; esto ayudará además a mitigar desigualdades territoriales y fortalecerá comunidades rurales ante desafíos sociales y climáticos. Al concluir el evento, se elaborará un conjunto de recomendaciones políticas destinadas a robustecer la cooperación regional e informar futuras estrategias sobre usos productivos energéticos en América Latina y el Caribe.
