El Caribe avanza decididamente en su transformación energética. Los gobiernos de la región están reformando marcos regulatorios, impulsando incentivos fiscales y promoviendo inversiones en energías limpias para reducir su dependencia de los combustibles fósiles y consolidar una matriz baja en carbono.
De acuerdo con la Nota Técnica N.º 12 de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), “Marco Político y Regulatorio para la Transición Energética en el Caribe”, los países caribeños han comenzado a traducir compromisos climáticos en instrumentos legales y financieros concretos. Estas políticas incluyen la expansión de energías renovables, el desarrollo de infraestructura eléctrica resiliente y la promoción de la movilidad sostenible, con especial énfasis en la protección de los consumidores y la atracción de inversión privada.
A manera de ejemplo cabe resaltar que:
En la República Dominicana, la Ley 103-13 eliminó las barreras fiscales a la importación de vehículos híbridos y eléctricos, impulsando la movilidad eléctrica y reduciendo la factura petrolera nacional. En Jamaica, la aplicación del marco estratégico para la movilidad eléctrica redujo los impuestos de importación de estos vehículos del 30 % al 10 %, estimulando su adopción masiva.
Por su parte, Trinidad y Tobago incorporó compromisos explícitos con el Acuerdo de París dentro de su legislación, y hoy ofrece incentivos fiscales a proyectos de energía renovable y transporte con gas natural comprimido (GNC). Además, se están desplegando mecanismos de financiamiento verde, bonos climáticos y exenciones fiscales para atraer capital privado, junto con centros de innovación y transferencia tecnológica que conectan universidades, industrias y gobiernos.
No obstante, el nivel de avances evidenciado, la Nota Técnica advierte que la participación de las renovables en la matriz eléctrica regional alcanzó solo el 12 % en 2022, aún distante del 28 % proyectado en la Política Energética Subregional de CARICOM, por lo que OLADE recomienda acelerar la implementación de regulaciones más efectivas, eliminar barreras administrativas y establecer metas medibles que permitan cerrar la brecha entre lo previsto y su ejecución.
La nota destaca que, en el plano regional, la Comunidad del Caribe (CARICOM) trabaja en la armonización de estándares y marcos regulatorios nacionales, además de impulsar interconexiones eléctricas que integren fuentes renovables y fortalezcan la seguridad energética. La Política Energética Regional, adoptada en 2013, establece metas claras para diversificar la matriz, reducir la dependencia de hidrocarburos y fomentar la eficiencia energética y el transporte sostenible.
El informe concluye que para consolidar una transición energética justa y sostenible resulta fundamental el diseño y aprobación de instrumentos legales robustos, que establezcan incentivos económicos, fomenten alianzas público-privadas y promuevan una mayor cooperación internacional.
Descarga la nota técnica en el siguiente enlace: https://www.olade.org/publicaciones/nota-tecnica-n-12-marco-politico-y-regulatorio-para-la-transicion-energetica-en-el-caribe/