JULIO 2019

Escapando de la profecía autocumplida

En términos estrictos y según el sociólogo Robert Merton, una profecía autocumplida es una falsa definición de una situación o persona que evoca un nuevo comportamiento, el cual hace que la falsa concepción se haga verdadera. Según él, esta validez engañosa perpetúa el error y el poseedor de la falsa creencia, percibirá el curso de eventos como una prueba de que estaba en lo cierto desde el principio.
A nivel del relacionamiento entre las personas por ejemplo una profecía autocumplida es un poderoso efecto psicológico cuando las expectativas de las habilidades de otra persona, influyen en cómo se ve a sí misma esa persona.

Sin embargo, esto no solamente podría ser aplicado en sociología o psicología, sino que también podríamos extender el uso del concepto a otros ámbitos como la dinámica y desarrollo de las instituciones, de las empresas y sus esquemas de propiedad y de gobernanza.

En reiterados espacios de discusión en Latinoamérica y el Caribe he escuchado un argumento recurrente y de alto contenido ideológico que resumidamente se basa en que todo lo público es ineficiente siendo la gestión y la propiedad a cargo de agentes privados eficiente y conveniente para la sociedad. Por lo tanto, la eficiencia vendría dada exclusivamente de la mano de la acción de los mercados, siendo la gestión pública por definición ineficiente e intrínsecamente corrupta representando una fuerte carga para la sociedad en su conjunto.

Argimon, Artola y González-Páramo (1998), en el trabajo titulado “Empresa pública y empresa privada: Titularidad y Eficiencia relativa”, afirman que existen algunos rasgos del comportamiento de la empresa pública que podrían sugerir una estrecha vinculación entre titularidad pública e ineficiencia: baja rentabilidad, plantillas sobrecargadas, dependencia del presupuesto, entre otros. Sin embargo, la valoración del comportamiento y de los resultados de la empresa pública responde a una multiplicidad de fines por lo cual la eficiencia no puede ser medida en los mismos términos absolutos que en empresas privadas. La comparación basada en criterios como el beneficio o la rentabilidad del capital puede verse afectada por la atribución a la empresa pública de otros objetivos, resultando por lo tanto inapropiada en contextos no competitivos o caracterizados por la existencia de otras “fallas de mercado”.

El debate sobre la eficiencia relativa de la empresa pública ha generado una gran cantidad de trabajos de investigación que demuestran que la empresa privada no siempre se comporta mejor, en términos de eficiencia productiva, que la empresa pública, trabajos de Vickers y Yarrow (1988), Pestieau y Tulkens (1993), González-Páramo (1995) y Martin y Parker (1997) son algunos ejemplos.

Por eso, se puede argumentar con fundamentos sólidos que la premisa que las empresas en control del Estado son intrínsecamente ineficientes es falsa, sin embargo, a partir de esa simple construcción conceptual que parte de premisas falsas, se termina generando una opinión contraria a la intervención del Estado en la actividad empresarial. Este estado de opinión generalizada condiciona a los actores políticos, alimentando el conflicto latente entre las corporaciones que integran la empresa y la propia sociedad, y como consecuencia se debilitan las capacidades internas ya que no es posible retener talento, se erosionan las bases de las organizaciones y la institucionalidad que las respalda y acto seguido se produce una restricción en la asignación de recursos por parte del sistema político que integra la gobernanza de las empresas en control del Estado. Es así que gradualmente caemos en esa profecía autocumplida, en el cual las empresas no logran demostrar resultados comparables con algunos de sus pares privados, los actos de corrupción afloran y se entra en un espiral vicioso de difícil retorno. Y sin darnos cuenta destruimos valor, valor que pierde la sociedad en su conjunto. Pero sí tengamos bien presente que ese valor perdido por la sociedad puede representar una importante ganancia futura para otros grupos de interés que no necesariamente buscan maximizar el beneficio social.

¿Pero es un problema asignable a la titularidad de la empresa? Claramente no, porque en una economía formada por mercados perfectos con propiedad privada, la maximización del beneficio garantizaría resultados eficientes, pero como argumenta Vickers (1993) y González-Páramo y López Casasnovas (1997) en mercados imperfectos, la relación titularidad – eficiencia es mucho menos clara y la maximización de beneficios, a la cual estarían orientados los agentes privados, no es condición necesaria ni suficiente de eficiencia. Siendo los temas que inciden en la eficiencia la existencia de objetivos múltiples, la influencia que pueden tener grupos de interés en la gestión, la deficiencia a nivel de los órganos de gobernanza, la ausencia de disciplinas de reporte que inducen los mercados de capitales, la presencia de restricciones blandas a nivel presupuestario y la debilidad a nivel de controles administrativos (Argimon, Artola y González-Páramo, 1998).

Mazzucato (2013) en su libro “El Estado emprendedor: mitos de sector público frente al privado” da claros ejemplos que, en temas como la innovación, el Estado ha cumplido un rol fundamental en diferentes sectores, incluyendo biotecnología, farmacéuticas y tecnologías limpias, al hacer inversiones de alto riesgo en innovación mucho antes de que el sector privado iniciara su intervención directa. En todos esos ejemplos, los riesgos son socializados mientras que las recompensas terminan siendo privatizadas. En ese sentido las empresas públicas pueden actuar como catalizadoras de los cambios cuando se adoptan innovaciones disruptivas y se avanza hacia la sustitución de nuevas fuentes y tecnologías.

Por eso propongo que elevemos el nivel de discusión sobre este tema en particular, trabajemos sobre los aspectos fundamentales que refieren a la eficiencia productiva, transparencia, innovación y cómo lograr la maximización del bienestar social y la generación de riqueza, con la participación en regímenes mixtos que integren al Estado y a agentes privados. Discutamos sobre el rol específico del Estado como corrector de las “fallas de mercado” pero también como creador de riqueza y motor de la innovación. Dialoguemos sobre la necesidad de Políticas de Estado que aporten certidumbre a los agentes privados, sobre los cambios y las mejoras en la regulación y la existencia de un marco jurídico estable que permita respetar los contratos entre los diversos agentes de mercado; y además dialoguemos en cómo podemos lograr la eficiencia a partir de establecer correctos esquemas de gobernanza y fundamentalmente fortaleciendo nuestras instituciones.

No alimentemos la profecía autocumplida que en sí lo que hace es destruir un valor que es genuino de nuestras naciones y salgamos de la discusión facilista e ideologizada que plantea la dicotomía entre lo Público y lo Privado. No son bandos en conflicto, estamos hablando de agentes que responden a intereses distintos, que tienen una función objetivo diferente, pero que son esencialmente complementarios para nuestro desarrollo y que la existencia de ambos es fundamental para la construcción de nuestra sociedad y ciudadanía.

Alfonso Blanco
Secretario Ejecutivo de OLADE

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